El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tras una orden judicial

Tras meses de demora y bajo la presión de una resolución judicial, el Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. De este modo, formalizó la puesta en marcha de una norma que el Congreso había sancionado en julio del año pasado y cuya aplicación el propio Poder Ejecutivo había mantenido en suspenso.

Se trata de la Ley 27.793, que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Luego de su aprobación parlamentaria, el Ejecutivo había frenado su implementación a través de un decreto, al argumentar la falta de previsión presupuestaria.

En diciembre, el juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró inválido el artículo que suspendía la aplicación de la ley y ordenó su cumplimiento inmediato. En su fallo, el magistrado sostuvo que el condicionamiento presupuestario colisionaba con obligaciones constitucionales y con tratados internacionales, y advirtió sobre el riesgo concreto de interrupción de tratamientos esenciales para personas con discapacidad.

Si bien el Gobierno apeló la decisión ante la Cámara Federal de San Martín, el juez habilitó la feria judicial y exigió al Ministerio de Salud que informara qué medidas estaba adoptando. La respuesta oficial fue parcial: se mencionaron trámites internos y pasos administrativos, pero sin plazos ni definiciones precisas. La reglamentación publicada ahora viene a cerrar ese expediente abierto por la inacción oficial.

El decreto establece por primera vez reglas operativas para la aplicación de la ley. Entre los puntos centrales, crea un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, fija criterios de acceso, permanencia e incompatibilidades, y dispone la realización de auditorías periódicas. Además, ordena la conversión automática de las pensiones ya otorgadas al nuevo esquema de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

La Secretaría Nacional de Discapacidad, bajo la órbita del Ministerio de Salud, será la encargada de coordinar la implementación y de convocar al Consejo Federal para definir los criterios socioeconómicos. También se estableció un plazo de 30 días para la presentación de un plan de auditorías, un requisito previsto en la ley que hasta ahora no se había cumplido.

En paralelo, la ministra Patricia Bullrich se mostró optimista respecto del debate por la reforma laboral, al señalar que el proyecto “va a salir”.