El Instituto Almafuerte de Esteban Echeverría enfrenta un conflicto judicial que amenaza su continuidad en 2027

El Instituto Almafuerte de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría, atraviesa un conflicto judicial que pone en riesgo su continuidad durante el ciclo lectivo 2027. La institución cuenta con alrededor de 1.400 alumnos en los tres niveles educativos y 130 trabajadores, cuya continuidad laboral también se encuentra comprometida si la situación no se resuelve antes de fin de año.

El establecimiento, ubicado en Restelli 1555, actualmente no está habilitado para realizar las matriculaciones correspondientes al próximo ciclo lectivo. Ante la falta de certezas, numerosas familias comenzaron a buscar vacantes en otros colegios para garantizar la continuidad escolar de sus hijos.

El conflicto se originó a partir de una disputa entre los integrantes del Instituto Almafuerte Sociedad de Hecho. El proceso judicial comenzó hace más de diez años, luego del fallecimiento de Orlando A. Pintos, uno de los socios de la institución. A partir de ese momento, sus herederos iniciaron una causa en la que solicitaron la disolución y liquidación del establecimiento.

A mediados de 2024, el juez de primera instancia había rechazado el pedido, lo que permitía que la escuela continuara funcionando. Sin embargo, posteriormente, la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora revocó esa decisión y ordenó la disolución de la sociedad de hecho a partir de fines de este año.

Preocupación entre las familias y los trabajadores

El representante legal del Instituto Almafuerte, Rodrigo Pintos, explicó la gravedad de la situación y señaló que el conflicto societario derivó en la disolución y posterior liquidación de la sociedad.

“Tenemos un certificado de defunción. La situación es un drama”, expresó Rodrigo Pintos, quien además explicó que esta situación impide actualmente que el colegio pueda avanzar con las matriculaciones para 2027.

El representante legal indicó que los abogados de la institución realizaron distintas presentaciones ante la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de Lomas de Zamora con el objetivo de acelerar los tiempos del proceso y alcanzar una resolución que permita encontrar una salida.

“Hoy la escuela no está habilitada para matricular. Las familias están preocupadas”, sostuvo Pintos.

La incertidumbre ya comenzó a repercutir entre las familias. Según explicó el representante legal, muchos padres están buscando vacantes en otros establecimientos para asegurarse de que sus hijos puedan comenzar el próximo ciclo lectivo.

“Muchos están saliendo a buscar vacantes para asegurarse la continuidad de los chicos para el año que viene. Si nosotros no podemos dar certezas, es lógico que suceda”, explicó.

Mientras la causa continúa en la Justicia, la comunidad educativa espera una definición que permita establecer el futuro del establecimiento y evitar que el conflicto entre los socios termine afectando a los 1.400 estudiantes y a los 130 trabajadores.

La comunidad educativa reclamó una solución

En medio de la incertidumbre, integrantes de la comunidad educativa se concentraron este martes frente al Instituto Almafuerte para reclamar una solución al conflicto y pedir que los alumnos puedan continuar sus estudios en la institución durante 2027.

“Estamos suplicando que no nos cierren el instituto. Están tirando a la basura 60 años de historia. Nos tienen que escuchar. Necesitamos una respuesta para que nuestros hijos puedan seguir estudiando acá”, manifestó la madre de una estudiante.

La mujer también remarcó el impacto que tendría un eventual cierre sobre los trabajadores y la actividad comercial de la zona. “Además de 1.400 alumnos, son 130 empleados que se van a quedar en la calle. Los negocios del barrio van a perder ventas porque todo funciona a raíz del colegio”, sostuvo.

Otra madre pidió que, al momento de resolver el conflicto, se contemple el impacto que la decisión tendría sobre los estudiantes y sus familias.

“Queremos que el juez ponga en una balanza el beneficio de tres o cuatro herederos contra el perjuicio de 1.400 alumnos. Ellos tienen derecho a reclamar, pero que lo resuelva con los alumnos en las aulas”, expresó.

También hubo fuertes cuestionamientos por parte de los padres. “Estamos indignadísimos. Este colegio funciona hace 60 años y al juez le importa un carajo la historia que tenemos. Quieren destruir algo que es de la comunidad”, manifestó uno de ellos.

Los estudiantes también expresaron su preocupación por el futuro de la institución. “Yo vengo desde el jardín a este colegio. Esta decisión provoca un gran impacto a todos nosotros. No lo pueden cerrar por una causa judicial. Es nuestro derecho a estudiar”, señaló uno de los alumnos.

De esta manera, la comunidad educativa permanece a la espera de una resolución judicial que permita definir la continuidad del Instituto Almafuerte y evitar que la disputa societaria derive en el cierre de una institución con seis décadas de trayectoria.