El Senado obtuvo dictamen de mayoría para avanzar con la nueva Ley de Discapacidad

A dos semanas de haber conseguido la media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto de la Ley de Discapacidad fue tratado este miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado. Durante el encuentro, el oficialismo consiguió un dictamen de mayoría que habilita el debate y la votación en el recinto, con el objetivo de convertirlo en ley antes del 31 de noviembre.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, adelantó que la intención es llevar la iniciativa al recinto durante una sesión ordinaria el próximo 19. Además, no descartó la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias.

Durante el plenario se analizaron dos proyectos que proponían insistir con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, presentados por Anabel Fernández Sagasti y Carlos Linares. La senadora se encuentra de licencia, mientras que el legislador anunció al comienzo de la reunión que retiraría su iniciativa para acompañar el texto aprobado por más de dos tercios en la Cámara baja.

"Después de lo que pasó el otro día en Diputados he decidido sacar el proyecto de Emergencia y acompañar el proyecto que venga de Diputados porque es lo más cercano que tenemos ahora, no es lo ideal. Necesitamos trabajar mucho sobre el tema discapacidad, es mucho lo que falta", expresó Carlos Linares.

Tras ese anuncio, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el entendimiento alcanzado entre los distintos sectores políticos y sostuvo que se logró avanzar hacia un acuerdo en torno a la iniciativa.

"Superar la emergencia es un objetivo importante, que le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente en la que entró este tema", manifestó. También remarcó que las pensiones por discapacidad no deben confundirse con los planes sociales.

La reunión estuvo encabezada por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, titular de la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Ante el consenso alcanzado en Diputados, el respaldo del Partido Justicialista y la decisión de Linares, el texto fue puesto a consideración para la firma y obtuvo el respaldo necesario.

Las posturas de los senadores durante el debate

La senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, cuestionó la iniciativa por considerarla "oportunista" y planteó la necesidad de introducir modificaciones. Además, advirtió que el sector de la discapacidad atraviesa una situación de emergencia severa.

En ese sentido, criticó que el proyecto no haya sido debatido con todos los sectores responsables de garantizar la atención de las personas con discapacidad.

Por su parte, el senador oficialista Bartolomé Abdala destacó las garantías presupuestarias incorporadas al texto y explicó que los fondos destinados a discapacidad dentro del Ministerio de Salud no podrán disminuir en términos reales respecto del año anterior. También señaló que se prevén compensaciones del Tesoro para cubrir eventuales faltantes.

Desde el bloque peronista, Juliana Di Tullio cuestionó las declaraciones de Bullrich, a las que calificó como un "relato perverso". Consideró que los proyectos presentados por sus compañeros de espacio son más justos con las personas con discapacidad y coincidió con algunos de los planteos realizados por Alejandra Vigo.

La senadora también relacionó el avance de la iniciativa con la visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que acompañará el dictamen porque considera que todavía queda mucho por hacer.

"Vamos a firmar este dictamen porque el 31 de noviembre se terminan las sesiones ordinarias y estoy convencida de que este gobierno no tiene en agenda los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. También estoy segura de que esto no es lo último que vamos a hacer", afirmó.

Además, cuestionó el trato del Gobierno hacia las personas con discapacidad y advirtió sobre el impacto que, a su entender, genera en los vínculos sociales. En ese marco, hizo referencia a la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la causa judicial por presuntas irregularidades en la que se encuentra imputado su exdirector, Diego Spagnuolo.

Otro de los representantes del oficialismo, Bruno Olivera Lucero, defendió el esquema de financiamiento previsto en el proyecto y sostuvo que cualquier aumento de recursos debe estar acompañado por una explicación sobre su origen.

"Esta ley le da un financiamiento permanente y responsable a estos sectores vulnerables, pone el financiamiento en la ley y pone los requisitos en vez de dejarlo para la reglamentación", destacó el senador sanjuanino.

En respuesta, el senador de San Luis por Justicia Social Federal, Fernando Salino, cuestionó los criterios utilizados para exigir precisiones presupuestarias a determinados proyectos y no a otros.

"A nosotros nos dicen 'queremos saber de dónde sacar...', saquénsela a la SIDE, muchachos", expresó.

Asimismo, adelantó que acompañará el dictamen y sostuvo que la sociedad argentina quiere que los recursos públicos se destinen a atender a los sectores más vulnerables.

Cuáles son los principales puntos de la nueva Ley de Discapacidad

El dictamen del oficialismo contempla una serie de modificaciones y garantías vinculadas con el financiamiento, las pensiones y las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

Entre los principales aspectos, se mantiene la actualización mensual de los aranceles del nomenclador de prestaciones de acuerdo con la inflación. También se garantiza la continuidad de las pensiones no contributivas y su compatibilidad con el empleo para aquellas personas que perciban ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Uno de los puntos centrales de las negociaciones fue establecer con mayor precisión los requisitos para acceder a las pensiones. Mientras que el proyecto original dejaba esas condiciones sujetas a la reglamentación del Poder Ejecutivo, la nueva versión incorpora los criterios directamente en el texto de la ley.

Además, se detallaron las partidas presupuestarias destinadas a sostener el sistema y los mecanismos previstos para cubrir posibles insuficiencias de financiamiento.

En materia sanitaria, la iniciativa reconoce a los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad el derecho a contar con un programa médico de atención y cobertura que garantice las prestaciones básicas establecidas en la Ley 24.901.

Por último, el texto establece plazos concretos para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores. El cronograma de pagos deberá ser informado dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la ley y contemplar la cancelación total de las deudas dentro de los 90 días corridos para aquellos prestadores que hayan completado el correspondiente trámite administrativo.