El Equipo Argentino de Antropología Forense halló los restos de 12 personas que fueron asesinadas y enterradas en el ex centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba. Las víctimas permanecían desaparecidas desde la última dictadura militar.
El juez Hugo Vaca Narvaja confirmó que en las próximas semanas podrían darse a conocer las identidades de las víctimas, aunque aclaró que la información se difundirá únicamente con el consentimiento de las familias, quienes están siendo recibidas durante estos días.
El magistrado explicó que la expedición para recuperar los restos se llevó adelante durante el año pasado y que, a comienzos de 2026, el material fue trasladado para iniciar el proceso de identificación genética, tarea que aún continúa. “Vimos el listado, hablamos con psicólogos y empezamos a estudiar cómo transmitir esta noticia a la familia después de 50 años de incertidumbre”, señaló.
En ese sentido, Vaca Narvaja remarcó que la identidad de las víctimas y sus historias se harán públicas únicamente si las familias lo autorizan. Además, expresó su deseo de que el trabajo permita brindar alivio a más personas que durante décadas buscaron conocer el destino de sus seres queridos desaparecidos.
Respecto al financiamiento de las campañas de búsqueda, el juez detalló que los recursos se gestionan en primer lugar ante el Consejo de la Magistratura y luego con otras instituciones que colaboran con los trabajos. Según explicó, el presupuesto para las tareas de este año estaría asegurado. También destacó el interés y el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Córdoba y de autoridades municipales para facilitar el desarrollo de las investigaciones.
El funcionamiento de La Perla durante la dictadura
El ex director del espacio para la memoria La Perla, Emiliano Fessia, había señalado en 2020 que alrededor del “90%” de las personas detenidas en ese centro clandestino aún permanecían en condición de desaparecidas.
Según detalló, los secuestrados eran llevados inicialmente a cinco habitaciones que los militares denominaban “las oficinas”. Allí se les cambiaba el nombre por un número, en un proceso de deshumanización que buscaba borrar su identidad. Posteriormente quedaban a la espera de la orden de “traslado”, un eufemismo utilizado por los represores para referirse a los fusilamientos o desapariciones.
En 2016, luego de tres años y ocho meses de juicio en la denominada megacausa La Perla-La Ribera, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua a 38 represores, mientras que cinco imputados fueron absueltos. Las sentencias correspondieron a crímenes de lesa humanidad cometidos contra 711 personas en La Perla y en Campo de la Ribera.
Testimonios de sobrevivientes
Durante ese proceso judicial declaró la sobreviviente Teresa Meschiatti, quien relató que estuvo detenida en el lugar y que vio en dos ocasiones al represor Luciano Benjamín Menéndez dentro del centro clandestino.
La mujer afirmó que por La Perla pasaron militantes de distintas organizaciones políticas, sindicalistas, obreros y también personas sin militancia. En su testimonio explicó que los detenidos eran clasificados por los represores en tres categorías: “blancos”, considerados recuperables; “grises”, en proceso de recuperación; y “negros”, catalogados como irrecuperables.
Meschiatti indicó que inicialmente fue considerada “negra”, aunque en septiembre de 1977 pasó a la categoría “blanca”. Finalmente fue liberada el 28 de diciembre de 1978, aunque continuó bajo vigilancia y podía recibir visitas de las fuerzas de seguridad en el domicilio de sus padres en Cosquín.
En la misma causa judicial también se investigaron delitos cometidos en otros centros clandestinos y dependencias represivas, como el Departamento de Informaciones D2 de la Policía, la Penitenciaría del barrio San Martín, La Perla Chica de Malagueño, el chalet de Hidráulica en el dique San Roque y el Puesto Caminero de Pilar.
Entre 1979 y 2007, el edificio donde funcionó el centro clandestino La Perla fue utilizado como guarnición militar del Escuadrón de Exploración de Caballería Aerotransportada 4 del III Cuerpo de Ejército. Desde 2009 el predio funciona como espacio para la memoria.
La estructura represiva en Córdoba
Durante la última dictadura, La Perla formaba parte de una red represiva que incluía a Campo de la Ribera, el D2 y diversas dependencias policiales, militares y penitenciarias. Estas estructuras operaban bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército, que tenía jurisdicción sobre diez provincias.
El núcleo de inteligencia funcionaba en el Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren, donde se concentraba la información y se coordinaban las acciones de las Fuerzas Armadas y de seguridad en la denominada “zona 3”, una de las cinco áreas en las que los represores habían dividido el país.
