Intendentes bonaerenses marcharán otra vez por fondos del SAE y amenazan con ir a la Justicia

Tras una cumbre del Partido Justicialista bonaerense, funcionarios e intendentes de la provincia de Buenos Aires volverán a movilizarse el próximo miércoles 29 de abril hacia el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, para reclamar por los fondos adeudados del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Desde el espacio señalaron que la protesta estará centrada en exigir los recursos que el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, mantiene pendientes con la provincia, en particular aquellos destinados a sostener la asistencia alimentaria en las escuelas.

Durante el encuentro partidario, que se extendió por más de dos horas, los jefes comunales también debatieron la necesidad de fortalecer la estructura del PJ mediante la ampliación del padrón de afiliados, con el objetivo de reforzar el peso político del reclamo que impulsa la gestión de Axel Kicillof ante la Casa Rosada.

En ese marco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, advirtió que la deuda nacional vinculada al SAE asciende a $220.000 millones y responsabilizó a Pettovello por el agravamiento de la situación alimentaria en la provincia.

Según detalló Larroque, si bien Nación se había comprometido a cubrir el 20% del financiamiento del programa, los giros efectivos apenas superaron el 10%. “Estamos pidiendo que se cumpla con una parte mínima de lo que históricamente aportaba el Estado nacional”, sostuvo.

Ante este escenario, la administración provincial dispuso un aumento del 30% en el SAE, duplicó la asistencia alimentaria a los municipios y elevó un 25% las prestaciones sociales, aunque advirtió que estas medidas resultan insuficientes sin el acompañamiento financiero del Gobierno nacional.

En paralelo, los intendentes, nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), advirtieron que podrían avanzar con acciones judiciales si el ministro de Economía, Luis Caputo, no los convoca en los próximos días para destrabar el envío de fondos destinados al mantenimiento de rutas nacionales.

Los jefes comunales argumentan que el Ejecutivo estaría reteniendo recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles, cuya asignación específica está contemplada en la ley 23.966 para el financiamiento del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte.

En esa línea, denunciaron que dichos fondos no estarían siendo destinados a obras viales, sino a operaciones financieras. “La retención indebida de estos recursos genera graves perjuicios y podría configurar el delito de malversación de caudales públicos”, señalaron.

Según los cálculos presentados, durante el último año el Gobierno recaudó $3,5 billones para ese fideicomiso. De ese total, indicaron que deberían haberse transferido $2,25 billones a Vialidad, pero solo se giraron $1,2 billones, lo que implica una diferencia de $1,15 billones cuyo destino fue cuestionado por los intendentes.