Milei avanza en la privatización de AySA y redefine el control estatal sobre la empresa

El Gobierno nacional dio un paso más hacia la privatización de AySA con la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025, que redefine por completo el marco regulatorio del servicio de agua y saneamiento y habilita la posibilidad de cortes por falta de pago. La medida impacta directamente en los usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde la empresa presta servicios.

El DNU, que entró en vigencia el martes 22 de julio tras su publicación en el Boletín Oficial, fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez en un plazo de diez días hábiles.

Entre los principales cambios, se modificó el artículo 2° del Decreto 304/2006, que establecía que el Estado poseía el 90% del capital accionario de AySA. Ahora, se autoriza la venta total o parcial de esa participación, habilitando el ingreso de capital privado en línea con la Ley Bases (27.742), que declaró a la empresa "sujeta a privatización".

El nuevo marco regulatorio reemplaza más de 100 artículos del régimen anterior, redefine el rol de la concesionaria, del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y de la Agencia de Planificación (APLA), y establece al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación. También obliga a reformular el estatuto social de la empresa y establece nuevas obligaciones para la prestación del servicio.

La normativa otorga a la concesionaria la facultad de cortar el suministro en caso de mora, cobrar tarifas por los servicios prestados y utilizar los fondos recaudados como garantía para financiamiento. Además, fija un período de transición de hasta cinco años desde la privatización formal, con el objetivo de asegurar el equilibrio económico del contrato.

La empresa deberá garantizar la publicación de información relevante, mantener canales de atención permanente y elaborar un plan de acción acorde a las nuevas disposiciones.