Piden hasta 24 años de prisión para integrantes del Templo Filadelfia acusados de trata y explotación laboral

El fiscal general Alberto Gentili solicitó penas de hasta 24 años de prisión para 27 integrantes de una presunta asociación ilícita que operaba bajo la fachada de la congregación religiosa denominada Templo Filadelfia, con sedes en distintos puntos del país, incluida Bahía Blanca.

La acusación sostiene que la organización funcionó durante casi cinco décadas captando y sometiendo a personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas niños, para explotarlas laboralmente y mantenerlas en condiciones de servidumbre.

Entre los imputados se encuentran quienes tenían a su cargo la sede bahiense de la congregación. En mayo de 2019, cuando la investigación tomó impulso, se realizaron allanamientos simultáneos y se logró rescatar a 47 presuntas víctimas. En ese marco, también fue allanado el templo ubicado en la calle El Resero al 600 de Bahía Blanca, donde fueron detenidas tres personas y se secuestraron alrededor de 200 mil pesos, documentación y teléfonos celulares.

Además, el fiscal pidió el decomiso de ese inmueble y de otras 47 propiedades distribuidas en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba y Río Negro, así como de 16 vehículos presuntamente vinculados a la organización.

Según la investigación, la sede local estaba bajo la órbita de Alcides Mora Cáceres, quien se encontraba prófugo al momento de los operativos, junto a María Luisa Alza y Griselda Noemí Lemos. Para estas últimas, la fiscalía requirió penas de 18 años de prisión.

La condena más severa fue solicitada para Eva Petrona Pereyra, de 82 años, considerada una de las principales responsables de la estructura, para quien se pidieron 24 años de cárcel.

Acusaciones por trata, servidumbre y abusos

Los delitos atribuidos a los acusados incluyen asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada en concurso real. También se investigan abusos sexuales cometidos contra cuatro víctimas.

De acuerdo con la causa, el Templo Filadelfia comenzó a funcionar en 1972 y mantuvo sus actividades hasta diciembre de 2020. Tenía su sede central en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, además de establecimientos en distintas provincias argentinas y filiales en Paraguay y Brasil.

La investigación sostiene que la organización captaba personas vulnerables bajo la promesa de mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, una vez incorporadas, eran obligadas a trabajar y entregar sus ingresos económicos a los líderes del grupo.

Según la acusación, quienes encabezaban la congregación se presentaban como personas con poderes divinos y "ungidas de Dios", mientras que las víctimas eran sometidas a tareas domésticas, trabajos forzados y distintas formas de control.

Los testimonios recogidos durante el proceso describieron castigos que incluían insultos, agresiones físicas, cortes de cabello e incluso situaciones de aislamiento social. También se señaló que la organización intervenía en la formación de parejas y ejercía un fuerte control sobre la vida cotidiana de sus integrantes.

Durante su alegato, Alberto Gentili afirmó que el caso presenta características propias de la criminalidad organizada y expuso que existió un sistema de sometimiento que incluyó violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, con un control permanente sobre las víctimas.

El juicio oral comenzó el 23 de octubre de 2024 y ya contó con la declaración de más de 200 testigos. El debate continuará en los próximos días con los alegatos de las defensas antes de que el tribunal avance hacia la etapa de sentencia.