Diputados convirtió en ley el acuerdo para pagar US$171 millones a fondos acreedores y cerrar litigios internacionales

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que autoriza el pago de US$171 millones para cancelar litigios pendientes con fondos acreedores bajo jurisdicción estadounidense, otorgando así la sanción definitiva a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

La norma fue aprobada con 139 votos afirmativos y 97 negativos, sin abstenciones, y permitirá al Estado argentino cumplir con el acuerdo alcanzado con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, a pocos días del vencimiento del entendimiento firmado entre las partes.

Según lo establecido, Argentina abonará US$67 millones a Bainbridge y US$104 millones a Attestor mediante el mecanismo denominado "Entrega contra Pago". El acuerdo contempla además una quita superior al 30% respecto de las sentencias originales dictadas en favor de los acreedores.

Fin de litigios y medidas judiciales

El texto aprobado incorpora una cláusula de "standstill", que impide a los demandantes iniciar nuevas acciones judiciales o interferir en futuras operaciones financieras del país mientras se cumplan los términos acordados.

Desde el Poder Ejecutivo destacaron que la aprobación legislativa permitirá poner fin a las investigaciones en curso sobre bienes argentinos en el exterior. De esta manera, se cerrarán distintos procesos de "Discovery" vinculados a cuentas bancarias, privatizaciones y otros activos nacionales que eran objeto de seguimiento judicial.

El acuerdo permanecerá vigente hasta el 30 de junio y lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Furiase, junto con representantes de los fondos involucrados y de otras entidades participantes en la negociación.

Cruce de posiciones durante el debate

Durante la discusión parlamentaria, el diputado de La Libertad Avanza, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, defendió la iniciativa y sostuvo que la aprobación representa una oportunidad para cerrar un conflicto que se arrastra desde el default de 2001.

El legislador afirmó que el acuerdo permitirá dejar atrás una situación que, según su visión, afectó durante años la credibilidad internacional del país. Además, cuestionó a los sectores que anticiparon su rechazo al proyecto y vinculó esas posiciones con las políticas que derivaron en el incumplimiento de la deuda.

Por su parte, el diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, expresó su voto negativo y cuestionó la política de endeudamiento del Gobierno. También criticó la ausencia de funcionarios del área económica en el Congreso para brindar detalles sobre las condiciones financieras del acuerdo.

Pichetto sostuvo además que el proyecto no especifica claramente las fuentes de financiamiento para afrontar el pago y consideró que existen aspectos que deberían haber sido explicados con mayor profundidad ante el Parlamento.

Desde Unión por la Patria, el diputado Hugo Yasky también rechazó la iniciativa. El legislador cuestionó que se destinen recursos para cancelar reclamos de fondos acreedores y sostuvo que se trata de una medida que favorece a actores financieros que no realizaron inversiones productivas en el país.

Un acuerdo clave para la estrategia financiera del Gobierno

Con la sanción definitiva de la ley, el Gobierno busca cerrar uno de los últimos litigios heredados de la reestructuración de la deuda en default de 2001 y evitar nuevos conflictos judiciales en tribunales internacionales.

La administración nacional considera que la medida contribuirá a mejorar la posición financiera de Argentina en los mercados internacionales y a despejar obstáculos legales que podrían afectar futuras operaciones de financiamiento.