El Gobierno desreguló las cuotas de los colegios privados sin aportes estatales: ya no necesitarán autorización del Estado

El Gobierno nacional oficializó la desregulación de las cuotas de los colegios privados que no reciben aportes del Estado. A través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se derogó la normativa que desde 1993 regulaba la relación entre los establecimientos educativos privados y el Estado en materia de aranceles, matrículas y aumentos.

Con esta decisión, los colegios privados podrán fijar libremente sus cuotas sin necesidad de informar o solicitar autorización previa a las autoridades. Según los considerandos del decreto, la norma anterior “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos privados a las realidades educativas y económicas del país”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aclaró que la medida solo alcanza a los colegios de gestión privada sin aportes estatales, que representan alrededor del 6% del sistema educativo nacional, unas 2.000 instituciones en todo el país.

En sus fundamentos, el decreto sostiene que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” de los colegios. Además, advierte que la obligación de informar y autorizar previamente los valores de matrícula y cuotas “limita la capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado”, impidiendo ajustar precios según la evolución de costos y salarios.

El texto también plantea que esta regulación “termina perjudicando a las familias”, ya que muchos institutos optaban por establecer cuotas más altas al inicio del ciclo lectivo ante la incertidumbre sobre futuros aumentos, lo que “reduce las posibilidades de elección de los padres y, en algunos casos, los obliga a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.

Asimismo, el decreto invoca el derecho de propiedad de los institutos privados, argumentando que deben tener libertad para fijar sus condiciones de contratación y salarios sin necesidad de aprobación estatal. Según el Gobierno, la rigidez impuesta por los controles previos puede incluso “derivar en una pérdida de calidad educativa”.

Por otro lado, el texto instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las disposiciones del Decreto 2542/1991, considerado la base del sistema de financiamiento de la educación privada, y elevar una propuesta de actualización.

Finalmente, se confirmó que Manuel Adorni asumirá las funciones de la Secretaría de Comunicación, en el marco de la reciente eliminación de la Secretaría de Medios.