Kicillof denunció a la SIDE por presunto espionaje ilegal a opositores
La presentación se radicó ante el Juzgado Federal N°1, tras la publicación del periodista Hugo Alconada Mon.
6 de Agosto de 2025
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó una denuncia penal contra la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dirigida por Sergio Neiffert, hombre de confianza de Santiago Caputo, por presuntas maniobras de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sindicalistas y periodistas críticos del Gobierno nacional de Javier Milei.
La presentación se radicó ante el Juzgado Federal N°1, tras la publicación del periodista Hugo Alconada Mon, quien reveló que la SIDE habría elaborado informes sobre referentes opositores y funcionarios, violando la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, que prohíbe expresamente la vigilancia con fines políticos o ideológicos.
Kicillof solicitó a la Justicia avanzar con la investigación y establecer las responsabilidades penales correspondientes: “Debe instruirse el sumario y producir las pruebas necesarias para esclarecer estos hechos de espionaje ilegal”, expresó el mandatario.
La denuncia se suma a la presentada en junio por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra Neiffert y el director de Operaciones, Diego Kravetz, por habilitar tareas de inteligencia interna en el marco del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que autorizaría el monitoreo de actores sociales y políticos opositores.
En paralelo, diputados del bloque Democracia para Siempre pidieron explicaciones a la SIDE y solicitaron la interpelación en el Congreso de Neiffert. El jefe de la bancada, Pablo Juliano, fue contundente: “Están usando la SIDE para perseguir a quienes no están alineados con la Casa Rosada. Esto es inadmisible en democracia”.
Por su parte, el legislador Facundo Manes advirtió: “Milei sigue la peor tradición de la casta: espiar a los que piensan distinto. Desfinancia al Garrahan, pero engorda los sueldos de los servicios de inteligencia”.
La causa ahora está en manos de la Justicia, que deberá determinar si existieron delitos de acción pública y hasta dónde llegaron las maniobras denunciadas.