La Provincia actualizó el canon por uso del agua y aplicará un esquema progresivo para usuarios no domiciliarios

El Gobierno bonaerense oficializó el Decreto 3233/25, que introduce una nueva fórmula para calcular el canon por uso y explotación del agua que administra la Autoridad del Agua (ADA). La medida alcanza exclusivamente a usuarios no domiciliarios —como emprendimientos productivos y desarrollos urbanísticos privados— y excluye de manera expresa a los hogares particulares.

La reforma sustituye el criterio un.iforme vigente por un esquema técnico-ambiental que pondera múltiples variables. Entre ellas se incluyen el caudal declarado, el origen del recurso (superficial o subterráneo), el factor de retorno —es decir, el volumen que se reintegra sin alteraciones sustanciales en su calidad—, la escala del emprendimiento, la disponibilidad hídrica regional y la instalación de medidores de caudal.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el nuevo sistema apunta a consolidar un mecanismo “más ordenado y transparente”, reduciendo discrecionalidades y alineando el monto del canon con el uso efectivo y el impacto real sobre el recurso. La aplicación será gradual, con el objetivo de facilitar la adaptación de los sectores alcanzados.

Estructura progresiva e incentivos ambientales

El eje central del decreto es la incorporación de una lógica económica con impacto ambiental. La tarifa adoptará un criterio progresivo: a mayor volumen de extracción, mayores costos marginales. Además, los usuarios con menores tasas de retorno o que utilicen fuentes más vulnerables —como determinados acuíferos— afrontarán una valorización superior.

En contrapartida, el esquema prevé incentivos para promover la eficiencia hídrica. Aquellos que instalen caudalímetros o logren reintegrar un mayor porcentaje de agua sin deterioro significativo podrán acceder a reducciones en la carga. De este modo, la fórmula busca internalizar los costos ambientales dentro del sistema de precios y desalentar prácticas de sobreexplotación.

Los recursos recaudados continuarán destinados a tareas de medición, planificación, monitoreo y control que realiza la ADA, consideradas estratégicas para preservar la disponibilidad y calidad del agua en el largo plazo.

La actualización, publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en el Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires (Ley 12.257) y en el principio constitucional que reconoce el dominio provincial sobre los recursos naturales. Con esta modificación, la Provincia redefine el canon no solo como herramienta recaudatoria, sino como instrumento de gobernanza hídrica orientado a la sostenibilidad y al uso racional de un recurso estratégico.

Un antecedente de debate político y técnico

El canon fue establecido a fines de los años 90 con la sanción del Código de Aguas, que dispuso que el uso productivo de un recurso hídrico de dominio público debía implicar una contraprestación económica. Sin embargo, su aplicación efectiva fue limitada durante años.

Recién en 2013, bajo la gestión del entonces gobernador Daniel Scioli, se reglamentó y comenzó a cobrarse a industrias y grandes usuarios. La medida generó controversias con cámaras empresarias, que cuestionaron tanto el impacto en los costos como los criterios de cálculo. Desde entonces, el canon se mantuvo formalmente vigente, aunque su actualización fue motivo recurrente de debate.

El universo alcanzado por el nuevo decreto comprende industrias manufactureras que utilizan agua en procesos productivos o de enfriamiento; establecimientos agropecuarios con captaciones significativas para riego o ganadería; centrales energéticas; explotaciones mineras; desarrollos urbanísticos privados; grandes comercios y prestadoras del servicio de agua.

En todos estos casos, el recurso se destina a actividades económicas que implican extracción directa de cursos superficiales o perforaciones en acuíferos, muchas veces con retornos parciales o alteraciones en la calidad. La diversidad de usos y escalas explica la decisión oficial de abandonar un esquema uniforme y avanzar hacia un cálculo diferenciado, con criterios técnicos y ambientales.