En un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron desactivar una serie de ataques masivos y de carácter racial contra establecimientos educativos de las provincias de Jujuy y Buenos Aires. Las acciones, que iban a ser perpetradas por menores de edad, derivaron en varios allanamientos, uno de ellos en la localidad bonaerense de Quilmes.
La investigación se inició en julio del año pasado tras un informe remitido por el Federal Bureau of Investigation (FBI) a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo del fiscal Horacio Azzolin. El reporte advertía sobre intercambios en una red social entre dos usuarios que difundían mensajes de odio, antisemitismo y supremacía racial, y que manifestaban su intención de llevar adelante una masacre escolar.
Ante esta alerta, la Unidad Fiscal encomendó la pesquisa al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA. A partir de tareas de inteligencia y del uso de técnicas OSINT, los investigadores lograron identificar a los responsables de los perfiles, ambos menores de edad: uno domiciliado en La Quiaca, provincia de Jujuy, y el otro en la ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires.
Durante el avance de la causa se detectaron cuatro domicilios vinculados con la planificación de los atentados: uno en La Quiaca y tres en la provincia de Buenos Aires, ubicados en Miramar y en los partidos de San Martín y Quilmes. En la investigación intervino la Fiscalía del Área de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Mar del Plata N° 3, a cargo del juez Santiago Inchausti, ordenó los allanamientos correspondientes. Para el procedimiento realizado en Jujuy se contó con la colaboración del personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) La Quiaca de la PFA.
Como resultado de los cuatro operativos, los efectivos secuestraron cuchillos de caza, municiones de armas de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa.
Desde la fuerza destacaron que, según estadísticas del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA y en cooperación con agencias internacionales como el FBI, en los últimos dos años se registraron 13 casos similares en la Argentina con participación de menores de edad, lo que confirma una tendencia de alcance mundial.
Todos los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interviniente en la causa, caratulada como “Intimidación Pública”.
