El Gobierno oficializó el marco regulatorio para avanzar con la privatización total de AySA

El Gobierno nacional dio un nuevo paso hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa pública encargada de proveer agua potable y servicios cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

A través del Decreto 805/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a todo su Gabinete, se aprobó el texto ordenado del “Marco Regulatorio” que introduce modificaciones al reglamento de la compañía y fija las condiciones para el traspaso al sector privado.

El documento recuerda que la Ley Bases declaró a AySA como empresa “sujeta a privatización” y establece que el proceso deberá realizarse bajo los principios de transparencia, competencia, eficiencia, publicidad y gobierno abierto.

Según el decreto, el traspaso iniciado en agosto “requiere brindar certeza jurídica sobre el marco normativo que rige la prestación del servicio”, por lo que resulta “indispensable adoptar medidas inmediatas y eficaces para afrontar la coyuntura”.

El nuevo reglamento prevé que el Contrato de Concesión contemple un régimen de transición de hasta cinco años, con el fin de asegurar una implementación ordenada de las disposiciones y mantener el equilibrio económico-financiero del servicio una vez concretada la privatización.

En agosto, mediante la Resolución 1198/2025, el Ministerio de Economía había instruido a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a ejecutar el proceso de venta. Además, ordenó a la Secretaría de Obras Públicas elaborar la documentación técnica y contractual correspondiente, incluyendo el contrato de concesión.

La Agencia deberá contratar un banco estatal para la valuación del paquete accionario de AySA, concretar la venta en un plazo de ocho meses y disponer la colocación en el mercado de las acciones que permanezcan en poder del Estado.

El Gobierno fundamentó la medida asegurando que la gestión estatal “no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos”, además de señalar que el nivel de inversión requerido “excede las posibilidades de generación de fondos” de la empresa.

Asimismo, se aclaró que el 10% del capital accionario continuará en manos de los trabajadores, dentro del programa de propiedad participada vigente.

En paralelo, legisladores de Unión por la Patria presentaron un proyecto para rechazar los Decretos 493/2025 y 494/2025, que habilitan la venta y reforman el sistema de provisión de agua, en rechazo al avance del Gobierno sobre la privatización de la compañía.